Los sindicatos aeronáuticos realizan este miércoles un paro que provocó la cancelación total de los vuelos de Aerolíneas, LATAM y JetSmart y que afecta a unos 35 mil pasajeros.
La medida de fuerza es en reclamo de mejoras salariales y la llevan adelante los gremios APA, APLA y UPSA, que denunciaron que el paro estuvo a punto de ser evitado el martes durante una reunión con los empresarios y funcionarios nacionales pero a último momento Luis “Toto” Caputo boicoteó el acuerdo.
Según detallaron desde los sindicatos, desde el fin de semana venían negociando con funcionarios de la Secretaría de Trabajo para evitar la medida y habían logrado algunos avances. Es por eso que el martes fueron con la idea de firmar un acuerdo a una reunión con los funcionarios y directivos de Aerolíneas e Intercargo.
“Habíamos llegado a una línea de acuerdo, se avanzó muchísimo, incluso se firmaron algunas actas. Pero en un momento dado el funcionario responsable que estaba interviniendo dijo ¿nos están llamando’ y se fue”, contó el titular de UPSA, Rubén Fernández. “Pasó el tiempo y cuando volvió dijo que el Ministerio de Economía, concretamente Luis Caputo, había desautorizado el acuerdo”, agregó.
“Cuando estábamos a punto de firmar, nos avisaron que el Ministerio de Economía había desautorizado lo hablado y volvieron atrás, a lo que habían ofrecido la semana pasada, el 12 por ciento para marzo a cobrarse en abril”, continuó el dirigente
“Todo lo que venimos hablando desde el fin de semana se terminó rompiendo lo que se estaba por firmar. Había un principio de acuerdo, la negociación venía bien y hasta pensábamos que podíamos anunciar que la medida se levantaba. Primó la ideología del Excel, de que cierren unos números”, completó Fernández sobre la intervención de Caputo.
El titular de APLA, Pablo Biró, dijo por su parte que los pasajeros “no van a volar por el ministro de Economía, que desautorizó el acuerdo”. “Caputo es el responsable”, insistieron los gremios.
La jugada del ministro de Economía fue a dos bandas. Por un lado mantener el techo del 12% de aumento en febrero para los empleados estatales y de empresas públicas. Por otro lado, se corresponde con la estrategia del Gobierno de no dictar conciliaciones obligatorias y dejar que los sindicatos concreten los paros para enfrentarlos con los usuarios.