La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó este lunes que se declare la nulidad de los fallos con los que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir las causas conocidas como Hotesur-Los Sauces y memorándum de entendimiento con Irán, informaron fuentes judiciales.
Lo hizo a través de dos recursos extraordinarios federales presentados por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en los que, con distintos argumentos, se sostuvo que los fallos cuestionados fueron “arbitrarios”, que se violó la garantía del juez natural y que se vulneró el derecho del imputado a ser juzgada “en un plazo razonable”.
Los recursos extraordinarios fueron presentados para que los fallos sean revisados por la Corte Suprema de Justicia.
En una de las críticas que se repitió en ambos recursos, los abogados de la exmandataria remarcaron que las resoluciones atacadas fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que había cesado en sus funciones por disposición de la Corte Suprema por haber alcanzado el límite de 75 años.
En rigor, los fallos que dispusieron las reaperturas de las causas fueron dictados el mes pasado con la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que estaban en condiciones de decidir desde noviembre del año pasado y no lo hicieron hasta que fue cesada su colega Figueroa.
La causa Memorándum, que juzga el entendimiento alcanzado pero nunca implementado entre Argentina e Irán en el marco del caso AMIA, había sido cerrado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 que entendió que se trató de una decisión política no judiciable y que además nunca entró en vigencia.
La denuncia original, impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman e impulsada por familiares de victimas del atentado a la AMIA y por dirigentes opositores, sostenía que la firma del memorándum fue a cambio de incrementar el comercio de granos (argentinos) y petróleo (iraní) y de hacer caer las alertas rojas de Interpol, aunque nada de eso ocurrió.
La causa conocida como Hotesur-Los Sauces, en la que se investiga supuesto lavado de dinero y supuestos retornos por parte de empresarios vinculados a la obra pública, había sido cerrada por el TOF 5, que señaló que las operaciones investigadas estaban bancarizadas y que, además, por la aplicación de la ley mas benigna correspondía sobreseer a los imputados.
Esas decisiones de los TOF 5 y 8 fueron revertidas por la sala primera de la Cámara de Casación que con la integración de los jueces Petrone y Barroetaveña determinó que correspondía llevar a cabo los respectivos juicios orales para dilucidar si se cometieron o no los delitos que fueron denunciados en su momento.
“La resolución recurrida presenta un vicio de base que fulmina su validez: el decisorio fue dictado con el voto de dos magistrados, sin que el Tribunal se integrara con un tercer juez que también participara de la deliberación”, sostuvieron los abogados de la exmandataria.
“Más allá de lo dispuesto por el artículo 30 bis del código de rito (que habilita la decisión por parte dos jueces), lo cierto es que esta norma de dudosa constitucionalidad sólo podría ser legítimamente aplicada de manera excepcional en aquellos supuestos en los que se produce una vacancia que no puede ser cubierta inmediatamente y en los que median razones de urgencia para emitir el fallo, las cuales jamás fueron explicadas en el sub lite”, sostuvieron.
Sobre el caso “memorándum”, los abogados de la exmandataria remarcaron que no puede ordenarse la realización del juicio por la sola discrepancia entre las querellas y la defensa, sobre todo cuando eso ya había sido sopesado por el tribunal que resolvió sobreseer a todos los imputados.
“Si se validara el particular criterio postulado por los jueces Barroetaveña y Petrone, toda decisión de gobierno podría ser revisada e incluso criminalizada en sede judicial, en tanto exista algún acusador con ánimo de discutir la legalidad del acto”, enfatizaron los letrados en la presentación a la que accedió Télam.
“Ello, sin lugar a dudas, torna en letra muerta el principio de división de poderes que hace a la esencia del sistema republicano de gobierno y, a su vez, importa una indebida y peligrosísima intromisión del Poder Judicial en esferas de competencia que son exclusivas de los órganos elegidos por el pueblo en elecciones libres y democráticas”, remarcaron.
En ese punto, recordaron que “los jueces del Tribunal Oral concluyeron que los hechos denunciados en estos obrados no son más que actos de naturaleza política que, como tales, se encuentran exentos de revisión jurisdiccional, y su acierto o error sólo puede ser escrutado por la ciudadanía al ejercer su sufragio en elecciones libres y democráticas”.
“Los magistrados (del TOF 8) concluyeron, tras una profusa evaluación fáctica y un extenso desarrollo dogmático, que los hechos denunciados no constituyen delito alguno (ya sea el de encubrimiento o el de traición a la patria), en especial, pues jamás se procuró levantar las alertas rojas dispuestas por Interpol respecto a los ciudadanos iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la sede de la AMIA”, señalaron.
En relación a la causa conocida como Los Sauces-Hotesur, los abogados de la vicepresidenta señalaron que “cuando los magistrados (del TOF 5) advierten que los hechos denunciados no son típicos por aplicación de una ley penal más benigna no requieren de la producción de ninguna nueva prueba para fundar un sobreseimiento; basta para ello con aplicar la ley e incluso pueden hacerlo de oficio”.
“Y justamente, la aplicación ultractiva de una ley penal más benigna resultó ser el argumento central por el cual los Dres. (Daniel) Obligado y (Adrián) Grunberg, invocando la propia jurisprudencia de esta Cámara Federal de Casación Penal, dispusieron el sobreseimiento de nuestros representados, para lo cual, insistimos, no era necesario producir ninguna prueba nueva”.
En esa misma causa, quedó firme el sobreseimiento a Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, dado que la fiscalía no apeló el fallo que dispuso que fuera desvinculada de la investigación: así lo dispuso en su momento el TOF 5 y, con otros argumentos, lo convalidó la Casación.
Los jueces Barroetaveña y Petrone señalaron que en 2003, en el supuesto inicio de la maniobra investigada, Florencia Kirchner tenía 12 años y su incorporación a las empresas de la familia se produjo tras la muerte de su padre el expresidente Néstor Kirchner, en octubre de 2010.
