Laura Garcés se refirió a la necesidad de implementar el Ingreso Ciudadano Universal, de aplicación incondicional y para la prevención de la exclusión.
Laura Garcés, doctora en Ciencias Sociales, secretaria de Extensión Universitaria de la UNSJ y directora de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad, fue parte del “Seminario Asistencia social, enfoques de derecho, bienestar y justicia social”. La actividad, que formó parte del Ciclo “El Congreso y los 40 años de Democracia”, se realizó el lunes 11 de septiembre en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación y contó con la participación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; del diputado Nacional Daniel Arroyo; de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ana Arias, y de la profesora de la UBA y doctora en Ciencias Sociales, Adriana Clemente.
La Secretaria de Extensión de la UNSJ se refirió al Ingreso Básico Ciudadano, una política de protección social de la que se habla desde hace un tiempo en el mundo y en la que Garcés viene trabajando en la Facultad de Ciencias Sociales. “¿Qué hubiera pasado si la pandemia nos encontraba con un ingreso sostenido universal a todas y todos los ciudadanos? -preguntó Laura Garcés-. Seguramente a nivel de salud las problemáticas hubieran sido las mismas, pero no a nivel económico. Recién el diputado Daniel (Arroyo) contaba lo que significó tener que atender a millones de personas que quedaron literalmente de un día para otro sin ingresos. Si la pandemia mostró algo, es el riesgo que significó respecto a la drástica pérdida de empleos y de ingresos”, dijo.
Otro de los problemas que mencionó Garcés fue la informalidad laboral en el país y Latinoamérica. “A eso hay que agregarle la pobreza por ingresos de quienes son asalariados registrados y no registrados. Antes de la dictadura el salario mínimo, vital y móvil era el piso de ingresos de la mayor parte de la población. Era la cobertura, era la garantía de cobertura. Hoy la mitad de los trabajadores están fuera de ese alcance”. señaló.
De ahí resaltó la importancia de definir políticas, herramientas para establecer un piso de ingresos mínimos para las personas trabajadoras. “Se podrían encarar tres líneas de acción. Una, políticas públicas que permitan sostener esos ingresos. Por otro lado, sostener las unidades productivas, económicas, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, unidades económicas de auto subsistencia, todo lo del tejido productivo; y una tercera línea: que los que más tienen, más aporten”, definió.
Luego, Garcés habló de obscenidad para referirse a la desigualdad en América latina y Argentina. “Yo les llamo números obscenos, ya no soportables. Un 71% de la riqueza en América Latina está en manos del 10% de la población. En el caso de Argentina, eso se reduce un poco, pero no menos importante: un 10% de la población tiene el 58% de la riqueza. Estos datos hablan de niveles insostenibles de desigualdad para el desarrollo de cualquier sociedad, no solo de la nuestra, de cualquiera. (…) La desigualdad no es económica, principalmente. La desigualdad es ideológica y es política. Por lo tanto, también las soluciones son políticas. Hay centenares y miles de estudios en el mundo que nos muestran con datos, que no vamos a poder sostener los niveles de pleno o casi pleno empleo de otras épocas. Los aumentos de los niveles de desempleo son por el avance de la robotización en la producción, el avance del capitalismo financiero altamente especulativo”, apuntó.
Un cambio sustancial
Por eso sostuvo que hay que pensar políticas estructurales permanentes y universales y una estrategia integral de un nuevo orden en el que se estructura la sociedad. “La renta básica, que es con la que trabajo desde los 90 y se la conoce así en Europa y aquí se conoce como Ingreso Ciudadano o Ingreso Universal, es una posible propuesta que ya desde los 80 se viene discutiendo en Europa y en América Latina. Con la pandemia cobró muchísimo interés. Se trata de un ingreso incondicional y universal garantizado para todas y todos los ciudadanos independientemente de su condición laboral y de su situación familiar. Y en esto es cualitativamente un cambio sustancial en relación a las transferencias como las conocemos”, explicó Garcés.
Después desarrolló: “Se trata de una política de prevención de la exclusión. No espera que llegue el desempleo, que llegue la pandemia, que llegue la enfermedad para actuar, sino que es un nivel mínimo de ingresos sostenido de manera permanente, al que se le acumula cualquier otro ingreso. El principal fundamento filosófico es que nadie puede ser libre si su existencia material no está garantizada. Creemos que cuando la alimentación está garantizada, se puede pensar y actuar proyectos colectivos. Si eso no está garantizado, es muy difícil. Al tratarse de un derecho a la renta básica o el ingreso universal, evitaría la clásica y costosa estigmatización de planeros y no planeros, que tanto daño ha hecho al tejido social”.
Laura Garcés indicó que se trata de una política social articulada con la política económica. “Pensar sistemas de protección integrados, no la política social por un lado y la política económica por otro, porque si no, vamos a seguir teniendo política social para pobres y crecimiento de la concentración de la riqueza por otro lado”, sostuvo la Secretaria de Extensión Universitaria de la UNSJ.
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
