Los fiscales no deben estar bajo la potestad del Fiscal General

Los fiscales no deben estar bajo la potestad del Fiscal General

El Dr. Cayetano Dara solicita modificaciones a la Corte de Justicia.

A continuación el escrito que presentó.

SEÑORA PRESIDENTE de la

CORTE DE JUSTICIA DE SAN JUAN

Dra. Adriana GARCIA NIETO

SU DESPACHO_________________

                                       Cayetano Jorge DARA, en mi calidad de Abogado de la matrícula FASJ 698, con domicilio legal en calle Santa Fé N° 429 (Este) P.A. de esta Ciudad de San Juan, me dirijo a V.E. y por su digno intermedio a los otros Miembros de la Corte que Ud. preside,  a fin de aportar las siguientes consideraciones con relación a lo por Ud. manifestado en la nota periodística aparecida el pasado 08/11/2020 en el Diario de Cuyo referida a la situación del Ministerio Público a los fines de la implementación del “sistema penal acusatorio” dispuesto en el CPP/Ley 1851-O, como sigue:

                                       1°.- Que acuerdo con V.E. en que tanto la Acusación Pública –Fiscales– como la Defensa Publica –Defensores Oficiales-, funciones propias que HOY integran el Ministerio Publico (art. 202 de la Constitución Provincial y art. 5 Ley 633-E), NO DEBEN seguir funcionando, como hasta ahora, bajo la única y exclusiva potestad del Fiscal General de la Corte, habida cuenta que de mantenerlo no solo que se seguirá conculcando la garantía constitucional del “debido proceso legal” y del “derecho de defensa” de los ciudadanos, como sucede en la actualidad con el “Sistema de Flagrancia” implementado y funcionando donde tanto el Agente Fiscal como el Defensor Público dependen de una misma persona, el FISCAL GENERAL DE LA CORTE, sino que tornará de imposible aplicación el sistema procesal ”acusatorio” sancionado con la Ley 1851-O habida cuenta la “inconstitucionalidad” que surge por aplicación de la norma del art. 8 y cc de la Convención Americana de Derechos Civil incorporada como ANEXO a nuestra Constitución Provincial en el año 1986.-

             Es dable recordar que el “sistema penal acusatorio” es un sistema adversarial, donde las partes (la Fiscalía y la Defensa), se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien con base en las pruebas y argumentos, decide si condena o absuelve,  es decir que se trata de un sistema sancionatorio que impone a quien acusa la carga de la prueba, es decir, es el Ministerio Público quien deberá probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia, razón más que suficiente por la relevancia e implicancia que tiene en el proceso el roll del Ministerio Público Fiscal para justificar la necesidad de “separar”, ANTES de la implementación del sistema aprobado por la Ley 1851-O, tanto al Ministerio Público del Poder Judicial como al Ministerio Público de la Acusación del Ministerio Público de la Defensa.-

             2.- Ello es así toda vez que el art. 8 de la Convención Americana de

los Derechos Civiles –incorporada como ANEXO a nuestra Constitución Provincial por la Reforma Constitucional del año 1986 – consagra, bajo la denominación de “Garantías Judiciales”, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye todo el sistema de protección de los derechos humanos, cuyos límites al abuso del poder estatal representan la garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención: El derecho al debido proceso legal.

                                       En rigor de verdad, más que un pilar del sistema de protección de los derechos humanos, parece más acertado afirmar que el artículo 8 de la Convención Americana contiene un conjunto de pilares, que sostienen la tutela de los demás derechos de las personas. Ellos son, entre otros y sin perjuicio de las particularidades de su ámbito de aplicación y de la extensión que le ha dado a cada uno la jurisprudencia nacional e internacional, las garantías de acceso a la jurisdicción, intervención de juez natural, independiente e imparcial, presunción de inocencia, igualdad de las partes y equidad de los procedimientos, inviolabilidad de la defensa en juicio y decisión justa, conforme a derecho, dictada dentro de un plazo razonable.-                   

                                       El debido proceso legal es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, que al establecer límites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales frente a los individuos, representa la protección más fundamental para el respeto de sus derechos, por ello tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestros Tribunales sostienen que para poder afirmar que un proceso, regulado por la ley, satisface esta garantía denominada “debido proceso legal”, tiene que cumplir el requisito indispensable de otorgarle al individuo la oportunidad suficiente de participar con utilidad en dicho proceso.- (Cfr. BIDART CAMPOS, Germán,

“Manual de la Constitución reformada”, t. II, Buenos Aires, Ediar, 1996, p. 327).

              Como de seguro es de conocimiento de V.E., el “debido proceso legal” presenta un aspecto “adjetivo” y otro “sustantivo”, que al decir de LINARES, “el debido proceso legal (lato sensu) es un conjunto no sólo de procedimientos legislativos, judiciales y administrativos que deben jurídicamente cumplirse para que una ley, sentencia o resolución administra tiva que se refiera a la libertad individual sea formalmente válida (aspecto adjetivo del debido proceso), sino también para que se consagre una debida justicia en cuanto no lesione indebidamente cierta dosis de libertad jurídica presupuesta como intangible para el individuo en el Estado de que se trate (aspecto sustantivo del debido proceso)”. (LINARES, Juan Francisco, “Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía innominada en la Constitución Argentina”, Buenos Aires, Astrea, 1970, p. 11).-

                 Conforme a ello el “derecho a la asistencia jurídica letrada” es una parte ineludible de la inviolabilidad del derecho de defensa que nace a favor de quien resulta imputado penalmente, constituye un elemento definidor

del acceso a la justicia en sentido amplio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico – público o privado – posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos al primero sean no sólo resguardados, sino efectivamente ejercitados, razón más que suficiente para excluir la función

del “Defensor Oficial o Público” de la órbita y dependencia del Fiscal General de la Corte que también tiene a su cargo ejercer la “Acusación Pública” a través de los Agentes Fiscales que también son dependientes, como sucede hoy en nuestra Provincia.-

                                       La particularidad de intervención de sujetos diversos –el imputado y su defensor técnico-en procura de un mismo fin de contrarrestar o aminorar la pretensión punitiva, aunque con elementos diversos, otorga sin duda una dinámica singular al proceso, toda vez que a partir de esta conformación de naturaleza compleja del derecho de defensa penal, se deriva la exigencia de actuación del abogado defensor como un requisito de validez del procedimiento (salvo los casos de autodefensa), imponiéndose la intervención de un defensor público ante la ausencia de un defensor de confianza.-

                                       Tiene dicho la CSJN al respecto que “… para no desvirtuar el alcance de la garantía [de defensa en juicio] y transformarla en un elemento simbólico, no puede quedar resumida a un requisito puramente formal, pues no es suficiente en este aspecto con que se asegure la posibilidad de que el imputado cuente con asesoramiento legal, sino que este asesoramiento debe ser efectivo, toda vez que lo contrario no garantiza un verdadero juicio contradictorio puesto que no satisface las exigencias de un auténtico patrocinio en los términos exigidos por la garantía de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 8.2.c y d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.b y d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…”.(Fallos 329:4248; 311:2502 y sus citas).-

                   Con relación al Ministerio Publico Fiscal o de la Acusación cabe decir que a diferencia de nuestra Constitución Provincial la Nacional, con la Reforma Constitucional del año 1994, ha instituido el Ministerio Público Fiscal en el art. 120 cuya función es “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad” de “promover y ejercitar la acción penal pública”, habiendo sido reglamentada a través de la Ley 24946, es decir que debe iniciar de oficio todas las acciones penales para perseguir a los delincuentes debiendo requerir el juicio conforme lo dispuesto en el art. 18 de la CN acusándolos ante los Tribunales.-

                   SAGUES en “Reforma Constitucional: el Poder Judicial” (La Ley, 1987 -E, 848) decía: “el Ministerio Público no es un ente servicial del Poder Ejecutivo sino que le toca ejercer discrecionalmente la acción penal, velar por el principio de legalidad – en particular, de la legalidad constitucional – y velar por una recta administración de justicia”… “Si se admiten esos roles para el Ministerio Público, hay primero que jerarquizarlo, ubicándolo donde tiene que estar: una magistratura autónoma, órgano extrapoder, no sometida al Poder Ejecutivo ni tampoco al Judicial, puesto que debe actuar con independencia de ambos”.(SIC).-

                                       El despacho de la “Comisión de Sistemas de Control” de la Convención Constituyente Nacional del año 1994, suscripto por los convencionales Jorge E. De la Rúa y Mariano Cavagna Martínez señala: ” El presente despacho tiene por fin otorgarle rango constitucional al Ministerio Público, dentro del marco de lo establecido por la Ley 24.309 (EDLA, 1994, Bol.5-13) en su art. 3º, Punto G.”

                                       Más adelante, el referido despacho señala que La definición del Ministerio Público como órgano extra – poder resuelve, en el orden nacional, todas las cuestiones de pertenencia orgánica (estructura dentro de la cuál está emplazada la persona y de la que forma parte, definiendo la proveniencia de los medios humanos y recursos materiales para la función), la relación administrativa (estatuto jurídico que norma las relaciones de trabajo con el sector que presta servicios, configurando derechos y deberes) y la dependencia funcional (relaciones de jerarquía entre superiores y subordinados) en la situación actual, la pertenencia orgánica y la dependencia funcional del Ministerio Público lo es en relación al Poder ejecutivo, en tanto la relación administrativa lo es con el Poder Judicial.” (el resaltado me pertenece).-

                El despacho referido, que fue en definitiva en el que se fundó la norma del art. 120 de la Constitución Nacional, excluye a todas esas relaciones de sometimiento a los Poderes del Estado, por ello es un órgano -no un poder- cuya pertenencia se agota en el mismo órgano, con su propia regulación constitucional y legal, con su propio estatuto administrativo y con sus propias relaciones de dependencia funcional.-

                Conforme a lo dicho, que está avalado con copiosa doctrina y jurisprudencia, entiendo que resulta no solo “necesario” sino hasta “imprescindible” separar tanto al Ministerio Público del Poder Judicial de nuestra Provincia como a la “Acusación Pública” de la “Defensa Pública”, para lo cual es necesario reformar, vía enmienda, el art. 202 de la Constitución Provincial, el que una vez reformado habilitará la regulación de ambas funciones mediante el dictado de leyes reglamen- tarias pertinentes como lo ha manifestado V.E..- 

                3.- Es por ello que, según el criterio del suscripto, para la implementación del “sistema acusatorio”, tal como está previsto en la Ley 1851-O – arts. 15,16, 25,104,108,121 y cc -, resulta más que necesario la URGENTE reforma de la Constitución Provincial no solo para separar al Ministerio Público del Poder Judicial a fin de otorgarle tanto la independencia necesaria como la autonomía funcional y la autarquía financiera sino también para respetar y cumplir, con ello, los principios y garantías constitucionales del “debido proceso” de los sanjuaninos consagrados en LA Convención Internacional de los Derechos Civiles incorporada por la Convención Constituyente Provincial del año 1986 como “ANEXO” a nuestra Constitución Provincial.-

                                       Que a los fines de separar “al Ministerio Público” del Poder Judicial, como es en la Nación y en la mayoría de las Provincias, sería

aplicable la norma del art. 277 de la Constitución Provincial, tal como se hizo

en su oportunidad con el art. 175 referido a la “reelección del Gobernador”.-

                                       En este caso la enmienda sugerida importaría la “reforma” del art. 202 toda vez que habría eliminar y reemplazar el actual texto de dicho artículo por otro similar o igual al texto del art. 120 de la Constitución Nacional que establece: “El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.-”.-

               Como consecuencia de la norma constitucional transcripta, en la Nación el Ministerio Público fue regulado por la Ley 24.946 donde en el art. 1° se dispone que “El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.-…” (el resaltado me pertenece), y en el art. 2° se establece la composición del mismo “El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.-(el resaltado me pertenece).-

               La “reforma” propuesta, que a todas luces, atento lo dispuesto por el Ley 1851-O aparece como MAS QUE NECESARIA, conforme lo dispuesto por el art. 277 de nuestra Constitución Provincia, quedaría sancionada con la votación afirmativa de los 2/3 de los Miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia y con el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, que en este caso sería la “Elección General” prevista para el próximo año 2021.-

               Es dable señalar que la “reforma” propuesta, que afecta un solo artículo de la Constitución Provincial actual – art. 202 –, tiene un sentido netamente TECNICO-LEGAL careciendo de todo sentido político, ya que se trata de una reforma que permitiría actualizar la normativa en beneficio del propio pueblo sanjuanino ya que con dicha reforma se estaría enmarcando constitucionalmente el “sistema acusatorio” sancionado por la Ley 1851-O, lo que no sucedería con la sola sanción de una o más leyes reglamentarias, como lo menciona V.E. en la nota de referencia, toda vez que dichas “normas” a tenor de lo establecido en el art. 202 de la Constitución Provincial resultarían INCONSTITUCIONALES y por ende carecerían de la eficacia legal necesaria para su aplicación, razón por la cual la posible demora, que ello importaría a los fines de una correcta y legal implementación del “sistema acusatorio” previsto en la Ley 1851-O, estaría MAS QUE JUSTIFICADA habida cuenta que un proceso penal ajustado a derecho beneficia a TODOS los ciudadanos de nuestra Provincia, por lo que pensar en un posible “rechazo” a la “enmienda” propuesta resulta de imposible previsión.-

                                        Esperando que V.E. no solo considere esta presenta ción como una colaboración del suscripto a la encomiable tarea encarada bajo su gestión de reorganizar y adecuar a las nuevas necesidades de la población sanjuanina el “sistema de JUSTICIA” en general, sino que, para el caso de que acuerde con la misma, adopte las medidas URGENTES y NECESARIAS, habida cuenta que hay en trámite un “concurso” convocado por el Consejo de la Magistratura para la cobertura de los cargos necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema, a los fines de encuadrar en derecho el “proyecto” de la aplicación del sistema acusatorio, le saludo con atenta consideración.-

                   DIOS GUARDE A V.E..-      

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