Minería y energía, con más impuestos

De acuerdo con la reciente encuesta global desarrollada por EY, que identifica los diez principales riesgos que deberá afrontar la minería en 2019 y 2020 se erige, con contundencia, el renovado abordaje a la licencia para operar.

El concepto ha evolucionado; además de las cuestiones sociales y ambientales, el giro es hacia una expectativa más amplia, de creciente valor compartido, en el que todas las partes interesadas deberán comprometerse.
El impacto de la matriz energética ha ganado mayor preponderancia entre tales desafíos. La minería es intensiva en el uso de energía, con una participación estimada del 6,2% en el total del consumo global. Su costo puede alcanzar hasta un tercio del total y, sumado a ello, otros emergentes merecen particular cuidado: la implicancia social y reputacional en la elección de la fuente energética a utilizar, la disponibilidad del recurso (especialmente en locaciones remotas) y el manejo del mismo (con su volatilidad de precios) a lo largo de toda la vida del proyecto.
El nuevo escenario impone la evaluación de un mix de fuentes para mitigar los riesgos. La integración de recursos tradicionales con renovables se vuelve crítico en la búsqueda de energía segura y confiable.
La energía es entonces determinante para el crecimiento de la minería (de forma similar que para cualquier otra actividad económica) y la minería, a su vez, tiene una incidencia crucial en el abanico productivo a través de los insumos que aporta. Ambas constituyen pilares de desarrollo de un país y, en consecuencia, de la recaudación tributaria que permite sostener la actividad pública.